por Según la UIA, la industria argentina ha profundizado su caída, con una fuerte contracción de la actividad productiva. Sectores clave como la textil, la automotriz y, principalmente, la construcción fueron los más golpeados. El ejemplo más dramático es la construcción, que perdió casi 220.000 puestos de trabajo en todo el país en menos de dos años, una consecuencia directa de la caída del consumo, el aumento de importaciones y la dificultad de las empresas para trasladar el costo a los precios.
Esta dinámica explica por qué las PyMEs argentinas enfrentan una dramática pérdida de ganancias: la caída del consumo impide trasladar a precios el aumento de costos. El pulso del mercado es alarmante: apenas un cuarto de estas pequeñas y medianas empresas reportó rentabilidad en el segundo trimestre de 2025, estimándose un gran número de cierres. Se espera, además, que la tendencia negativa continúe, con una caída proyectada en la actividad industrial durante los dos últimos meses del año.
Esta fotografía de parálisis nacional no es ajena a nuestra realidad jujeña. Un ejemplo es el impacto tremendo en el turismo -un motor clave de nuestra economía-, donde la recepción de visitantes en la Quebrada y la Puna se desplomó más del 50% en la última temporada. Estos datos locales son un claro indicador de que la falta de demanda y la incertidumbre están paralizando las oportunidades de crecimiento en la provincia
Esta parálisis industrial y productiva se traduce directamente en la pérdida de empleo, que se siente en las calles y en la angustia de miles de trabajadores que buscan una nueva oportunidad en un mercado golpeado y empobrecido.
La presión sobre el bolsillo no cesa. En octubre, el precio de la carne subió casi un 10% y en lo que va de noviembre al menos hubo dos remarcaciones, un golpe directo a la Canasta Básica. Y la previsión para fin de año no es mejor: se esperan nuevos aumentos en alquileres, tarifas de gas y electricidad, y combustibles para noviembre y diciembre, lo que garantiza más inflación en los próximos meses y erosiona aún más el poder de compra de los salarios.
Pero la crisis que atraviesa la ciudadanía es aún más profunda de lo que sugieren las estadísticas. Es inexplicable que los parámetros oficiales utilizados para medir la pobreza sigan desfasados de la realidad. Mientras la Canasta Básica (CB), que marca la línea de indigencia, aumentó más del 41% interanual, su cálculo, y el de la Canasta Básica Total (CBT) que define la pobreza, dejan afuera o subestiman gravemente los costos fijos esenciales de una familia. El alquiler de viviendas, la electricidad, el gas, el agua y el transporte, elementos que son la base de la subsistencia, no forman parte integral de un concepto de canasta que se precie de reflejar el costo de vida real. Es decir, cuando se anuncia una baja de la pobreza o se mide su impacto, se está partiendo de un cálculo que ya ignora el peso de los servicios y las cuotas que más asfixian el bolsillo, haciendo que la cifra de pobreza e indigencia real sea, probablemente, mucho más elevada.
La recuperación no puede sostenerse solo con expectativas financieras; se necesita reactivar la demanda interna y el sector productivo para salir del estancamiento con inflación. De lo contrario, seguiremos construyendo un desierto productivo.
