por La intervención del Partido Justicialista de Jujuy se ha transformado en una enfermedad crónica. Lejos de sanar la institución, anula la voluntad de sus afiliados y traiciona el espíritu mismo de lo que debería ser una "normalización". A casi tres años del desembarco nacional en el edificio de la calle 19 de Abril, la realidad es inobjetable: la intervención no organizó; dividió, paralizó y obstaculizó.
Según la Carta Orgánica del PJ, una intervención tiene un plazo máximo de 12 meses. Sin embargo, en julio se cumplirán 3 años de una medida que se autoprorroga en las sombras, mientras en el camino se han suspendido 7 convocatorias electorales.
¿El saldo de este secuestro institucional? Un partido con sus órganos de gobierno —Consejo y Congreso— en estado de coma. Las decisiones de más de 100 congresales de toda la provincia han sido confiscadas por el criterio arbitrario de los "interventores".
La suspensión de más de 350 afiliados a principios de año fue el punto más bajo de esta gestión: una purga sin derecho a defensa ni sumarios previos. Pero, a solicitud de los sancionados, la Justicia Federal de Jujuy empezó a poner límites: el Juez Hansen dictó una cautelar devolviendo las afiliaciones, decisión avalada por el Fiscal de la Cámara Nacional Electoral.
El reclamo es justo y es de los peronistas jujeños. Aunque la intervención apele para ganar tiempo, sus fundamentos legales están cada vez más desdibujados y su legitimidad política es nula.
Hasta ahora los interventores han cancelado tantas elecciones que la militancia ya ha perdido la cuenta. Tras el fracaso del 13 de febrero, se prometieron urnas para el 24 de abril. Bueno, ya estamos en abril y la pregunta es obvia: ¿Dónde está el cronograma electoral? ¿Dónde está la convocatoria? La respuesta es cínica: no existen. No hay intención de que el afiliado vote. Todo indica que el plan maestro es llegar a 2027 con el "sello" bajo llave para digitar candidaturas "a dedo" que respondan a intereses ajenos a Jujuy.
Ante este escenario de asfixia, referentes de peso como Guillermo Jenefes, Rubén Rivarola, Carolina Moisés, junto a intendentes y legisladores provinciales, han dicho basta. El pedido de intervención judicial al partido intervenido es un paso drástico pero necesario.
El PJ de Jujuy debe volver a sus dueños: los afiliados. La democracia interna no puede ser rehén de una facción minoritaria que cuida su propio mostrador, mientras deja afuera a la militancia que levantó las paredes de la institución que hoy ellos usurpan.
