por La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el “Fondo Compensador del Interior", mecanismo de subsidios al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país que operaba mediante transferencias de partidas desde el Estado Nacional por 100 mil millones de pesos, profundizó aún más la grieta con los gobernadores.
El sistema que se debía una revisión global, entró en situación de colapso tras la decisión presidencial.
Recordemos, el Pacto Fiscal que Gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, establecía el compromiso de eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en el ámbito del AMBA y en el caso de las provincias, establecía que las jurisdicciones definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros que operaban en cada uno de los distritos.
En medio del “tembladeral” que generó la medida, el Gobierno nacional aclaró que “los sectores que así lo necesiten, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funcione la tarjeta SUBE, mecanismo que permitirá que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo”.
El polémico pero no menos importante fondo Compensador, llegaba con un 20% de los recursos a las provincias y el 80% se inyectaba en el AMBA. Tras el drástico recorte, empresas, choferes y autoridades políticas del interior del país discuten como seguir.
Al conocerse la noticia, la reacción de los sectores políticos no se hizo esperar como fue el caso del gobernador de Chubut Ignacio Torres, quien impulsó una medida cautelar por la quita del Fondo de Compensación del Transporte empujando a los ciudadanos de casi todas las provincias a pagar boletos de colectivo a mil pesos en promedio.
Al mismo tiempo desde el Congreso de la Nación, informaron que las partidas recortadas por Milei, figuran en el presupuesto 2023 de modo que estarían vigentes según marca la ley.
En Jujuy, las autoridades provinciales reconocieron que no tienen recursos adicionales para financiar el transporte. La Municipalidad de la capital, ofreció 100 millones de pesos en concepto de adelanto del BEGU de marzo y abril. Desde nación se recibieron los recursos denominados Atributos Sociales (ATS) por 12 millones de pesos que para la envergadura de la crisis son casi irrelevantes.
En Jujuy, luego de una semana de paro del servicio de transporte urbano impulsado por la Unión Tranviario Automotor (UTA), finalmente se destrabó parcialmente el conflicto y las unidades volvieron a las calles de la ciudad. El arreglo, es tan solo un paliativo: recursos aportados por la provincia, dinero de recaudación de las empresas más el aporte de 100 millones acordados con la Municipalidad. Más allá del “rejunte” estarían faltando unos 150 millones de pesos para cancelar salarios de enero a días del vencimiento del mes de febrero. Mientras tanto, el boleto para viajar por la ciudad ronda los $480 y ya las compañías arriesgan que tras los recortes la tarifa debe alcanzar los $1000.
Desde el sector empresario admiten que las medidas impulsadas por el gobierno nacional, no tienen retorno y que es necesario que todos los sectores, comiencen a recrear la creatividad para poder seguir adelante con el sistema.
Los efectos de la transformación son como las crecientes de los ríos, nadie sabe que es lo que pueden arrastrar. Este es el contexto que transita la Argentina. Un país que desesperadamente, necesita descubrir que es lo quiere ser o hacia dónde quiere ir.
Hace algunas horas visitó Argentina el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken y dijo que “Argentina tiene lo que el mundo necesita”. Un país que todavía no sabe cuáles son las prioridades para sí como por ejemplo determinar si su sistema de transporte es prioridad, difícil es que tenga la claridad sobre lo que demanda el mundo.
