OPINIÓN
por La gestión pública ha estado tradicionalmente asociada a la administración del Estado, la provisión de servicios básicos y la protección del medio ambiente, pero su alcance va mucho más allá. Implica un replanteamiento radical de cómo se concibe y se lleva a cabo la administración pública, desafiando los paradigmas establecidos y adoptando enfoques más dinámicos y adaptables.
El desarrollo sostenible es un concepto integral que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Se basa en tres pilares: económico, social y ambiental, buscando equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la preservación del medio ambiente.
En este sentido, la gestión pública juega un papel fundamental, ya que puede ser un motor clave para impulsar el desarrollo sostenible en nuestras sociedades.
A su vez se convierte en un terreno fértil para la controversia. Por un lado, está la resistencia al cambio por parte de sectores conservadores que ven estas ideas como una amenaza a sus intereses establecidos. Por otro lado, están aquellos que abogan por una transformación profunda en la manera en que se ejerce el poder y se toman decisiones en el ámbito público.
La planificación estratégica, por ejemplo, puede ser vista como una herramienta para imponer una agenda que favorezca a ciertos grupos de interés en detrimento de otros. La participación ciudadana, por su parte, puede ser criticada como una ilusión de democracia que en realidad no altera las estructuras de poder subyacentes. La evaluación de impacto, por último, puede ser cuestionada por su capacidad limitada para capturar todos los efectos, especialmente los no deseados, de las políticas públicas.
Sin embargo, la innovación sigue siendo el motor de esta red controvertida. La adopción de metodologías ágiles, por ejemplo, puede ser vista como un intento de acercar la gestión pública a los estándares de eficiencia y flexibilidad del sector privado, pero también como una oportunidad para empoderar a los ciudadanos y hacer más transparentes y accesibles los procesos gubernamentales.
Pero también es un espacio de oportunidad para repensar y reconstruir la administración pública en función de los valores de equidad, justicia y sostenibilidad. La controversia es parte inevitable de este proceso, pero también lo es la posibilidad de transformación y mejora continua.
