por Tras la eliminación del capítulo impositivo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, de inmediato se produjo la reacción de distintos sectores representativos de la actividad tabacalera.
Para ejercer una mirada más fina sobre las características del conflicto es necesario establecer que es de características técnicas-legales, económicas y políticas.
Si lo miramos desde el campo técnico-legal el funcionamiento de la actividad se rige por dos Leyes: 19.800 del Fondo Especial del Tabaco y la 27.430 de Impuestos Internos.
Si el enfoque es económico, los tributos o alícuotas que la industria paga a la Nación suman el 70% sobre el precio de venta de cada paquete de cigarrillos.
Si lo analizamos desde lo político, la actividad está sometida desde siempre por un fuerte tráfico de influencias promovidas por la compañía Sarandí y empresas más pequeñas en lo que sería la representación de las industrias. Desde el ámbito político trasciende que dirigentes del PRO y de la Libertad Avanza, están muy cerca de los intereses de Sarandí mientras que el Poder Ejecutivo Nacional tiene sus vínculos aceitados con Massalin Particulares.
Dentro de este esquema de funcionamiento, el problema aparece cuando se tiene que cumplir con el precio mínimo fijo de acuerdo a la Ley de Impuestos Internos ($517), actualizable trimestralmente según inflación y sobre el cual, deben tributar todas las industrias productoras de cigarrillos.
No compartiendo las reglas, Sarandí se presentó en sede de Tribunales Federales con un pedido de amparo, argumentando la inconstitucionalidad del articulado en cuestión. La justicia federal hizo lugar a la presentación de la compañía tabacalera. Desde 2017, Sarandí argumenta que el precio mínimo establecido por ley es inconstitucional y desde esa fecha, la situación está pendiente de resolución.
El artículo 189 de la Ley de Bases, fue el detonante del escándalo ya que se intentaba elevar el impuesto interno del 70% al 73% más la eliminación del tributo mínimo, estableciendo que la base del aporte, sería determinada por la tabacalera según el valor de venta al público. Estas modificaciones, posibilitarían a las empresas del segmento a tributar de manera uniforme.
Las repercusiones no se hicieron esperar y desde la provincia de Salta el gobernador Gustavo Sáenz expresó en redes sociales que "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la casta"
En tanto, el presidente de la Cámara de tabaco de Jujuy y titular de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, Pedro Pascuttini, dijo que "queremos ponerle orden a todo este mamarracho jurídico que está teniendo la cuestión de la tributación por parte de la industria del tabaco, provocando perjuicios a los productores y al Estado nacional. Pedimos ir hacia un sistema legal e impositivo que se cumpla y se respete pero además, que sea ecuánime y uniforme para que todas las partes de la cadena, ejerzan su derecho constitucional".
Desde el sector seguirán bregando para que el gobierno nacional revea la medida. El impuesto interno, afecta en un 45% a los recursos que llegan a Jujuy. Lo curioso del caso, es el silencio sepulcral de los legisladores sobre todo de LLA quienes viven en Jujuy y no están defendiendo los derechos de los jujeños como así también de los legisladores de los otros bloques que tampoco se han manifestado.
Por otra parte, el presidente Javier Milei llegó al poder para terminar con los lobbies en Argentina. Evidentemente estos grupos de presión (que no son ni los jubilados ni los argentinos de buena fe) vienen ganando la pulseada. Esperemos que Milei convalidando este tipo de acciones, no termine transformándose en un coleccionista de derrotas como dice el periodista Jorge Asís ya que lo que viene pasando, deja una marca y un precedente graves como el propio deterioro de la democracia y de su gobierno.
