Opinión
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¿Resulta Milei una amenaza para las propias instituciones que lo instalaron en el poder?

Javier Milei
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Claudio Gareca por Claudio Gareca | 27-12-2023 19:35

La política siempre se apoyó e implicó el ejercicio del poder y la resistencia a éste, siempre fue así, desde las polis o ciudades estados griegas antiguas, pasando por la civitas romanas, y el estado moderno, propuesto por Maquiavelo y lo que hoy conocemos como estados modernos contemporáneos. 

El ejercicio de ese poder, que se traduce en acciones y reacciones de los distintos agentes del estado, se canaliza de acuerdo a las reglas, a las normas, a las prácticas, a los usos o costumbres siempre que todas ellas sean adoptadas de común acuerdo, es decir que surjan de la voluntad de las partes. Esas reglas formales, que son parte del sistema jurídico, revisten calidad de confiables porque se encuentran respaldadas por distintas instituciones, como el congreso, por ejemplo, que es de donde nacen esas mencionadas reglas. 

Así un régimen político sería legítimo cuando obedece reglas preestablecidas consideradas legítimas y sería democráticamente legítimo si éstas reglas han sido previamente elaboradas y aprobadas luego de un debate y con el respaldo de los representantes electos. Es más probable que éstas reglas sean aceptadas y que conserven su legitimidad si las consecuencias producidas posteriormente por éste régimen han sido generalmente favorables. 

Ahora bien, la toma de decisiones, en éste caso por el poder ejecutivo, como el dictado de un DNU debiera atravesar por una serie de procesos naturales que la política obliga a realizarlos como son los intercambios de opiniones, las negociaciones, las deliberaciones, la búsqueda de consensos y la gestión del disenso. Estos procesos son los que permiten que, de existir potenciales conflictos éstos sean resueltos y abordados de manera pacífica por lo que tornan innecesario el uso de la violencia para resolver diferencias. 

La legitimidad de las acciones de quienes gobiernan son aceptadas voluntariamente por los gobernados porque éstos últimos están convencidos de que las acciones de los primeros se ajustan o debieran ajustarse a normas prestablecidas y mutuamente aceptadas. Ello nos lleva a plantear la legitimidad por dos caminos, la legitimación en términos de procesos, como lo que hasta aquí venimos esbozando y legitimación en términos de resultados, es decir cuando por ejemplo una política de estado arriba a resultados positivos que pueden palparse o apreciarse en la realidad. 

Entonces podríamos afirmar que, la calidad de la política puede medirse, en forma parcial, de acuerdo a su capacidad para domesticar aquel ejercicio del poder, queremos decir con ello evitando el uso de la fuerza o la violencia para resolver disputas. 

Si bien es claro que los agentes del poder ejecutivo intentan cambiar el status quo -el estado actual de las cosas- e intentan controlar la agenda, deben hacerlo estratégicamente, valiéndose de herramientas que no representen o impliquen el uso de la fuerza para cambiar hacia el modelo que pretenden. Cuanto menos uso de la fuerza se haga para el despliegue del poder, más legitimidad encontrará el gobierno. 

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